Exposición pública de los costes iniciales y finales de las obras públicas.
Publicación de la agenda y las actas de reuniones del gobierno municipal con todos los agentes privados. Las actas deberán ser obligatorias.
Incorporación del Ayuntamiento al Sello Infoparticipa de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es una mención avanzada de buenas prácticas en transparencia.
Facilidad de acceso de todos los concejales y concejalas a los expedientes municipales.
Exposición pública de los resultados conseguidos en los proyectos de las entidades y empresas que sean subvencionados por el Ayuntamiento.
Inclusión de criterios de responsabilidad social en los procesos de selección de las empresas que trabajen para el Ayuntamiento.
Habilitación de un sistema abierto de cesión de espacios municipales con un pliegue de condiciones que esté al alcance de todo el mundo y agilice el uso de equipamientos para personas y colectivos diversos.
Creación de un Plan de participación ciudadana a largo plazo, que no se limite a una legislatura. Este plan implicará, entre otros, los siguientes puntos:
Aceptación para el debate todas las mociones que traiga la ciudadanía, mientras no incumplan los derechos humanos.
Diseño de indicadores públicos para la evaluación de las políticas y servicios municipales a través de un portal habilitado para este fin. Los resultados de este proceso serán vinculantes para aprobar la continuidad del servicio –en el caso de estar privatizado- en las condiciones contractuales vigentes antes de la evaluación.
Participación en la elaboración de normas (reglamentos, ordenanzas, etc.) en un plazo anterior a la exposición pública y a través de un portal habilitado para esta finalidad.
Articulación de vías permanentes para la participación de los trabajadores/as municipales en el funcionamiento de los servicios que preste el Ayuntamiento, con mesas de trabajo por áreas que reunirían mensualmente a los trabajadores/as y los concejales y concejalas.
Simplificar los procesos de relación con la Administración local e implantar un servicio de acompañamiento al tejido asociativo y a la ciudadanía con el resto de administraciones públicas.
Solicitud de financiación completa de las guarderías municipales y del Conservatorio Municipal de Música y Danza.
Auditoría pública de cuentas de los servicios privatizados y contraste con un modelo de funcionamiento público.
Recuperación pública del servicio de transportes, el servicio de abastecimiento de aguas y la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos a partir de la finalización del contrato con la empresa concesionaria.
Creación o participación en una cooperativa pública de abastecimiento energético.
Creación de una empresa pública de vivienda y gestión del patrimonio municipal del suelo.
Compromiso de las personas al servicio de la Administración pública.
Sustitución del abuso de horas extra para la creación de nuevos puestos de trabajo.
Estabilización del personal y ampliación de los puestos de trabajo en aquellas áreas donde más falta hace (atención domiciliaria, servicio de atención de dependencia, obras y servicios, etc.).
Dedicación completa de la Alcaldesa al Ayuntamiento de Alcoy, sin desdoblamientos de sueldos.
Límite del sueldo de la Alcaldesa a tres veces el salario mínimo interprofesional.
Límite del sueldo de las concejalas y asesoras a dos veces y media el salario mínimo interprofesional.
Paridad en los lugares directivos del Ayuntamiento.
Apertura de oficinas de tramitación en diferentes barrios para acercarse a la ciudadanía y aligerar el trabajo de la actual oficina PROP.
Compromiso solidario de Alcoy con el conjunto del territorio comarcal y del país para articular adecuadamente infraestructuras, economía y servicios públicos.
Actualización de las ordenanzas fiscales con bonificaciones para las familias con rentas bajas, así como reducciones de cuotas a las viviendas y empresas que consigan determinados requisitos de sostenibilidad y eficiencia energética.
Revisión de las exenciones del impuesto de bienes inmuebles (IBI) para actividades lucrativas. Aplicación de un gravamen a las viviendas, locales y solares vacíos propiedad de bancos o empresas.
Reclasificación de las zonas establecidas en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), para reducir la carga fiscal de los comercios que inicien una actividad en el centro de la ciudad.